En esta Ley, en su art. 14 y art. 33 se prevé la participación de los usuarios y usuarias en la financiación de la misma, es decir, se prevé un copago que no se determina. Este copago indeterminado ha sido causa de conflictos desde la promulgación de la ley, pero nunca ha pasado al Parlamento la configuración y determinación de dicho copago por lo que ha habido una inseguridad jurídica, abusos por parte de algunas autonomías y acuerdos de la Interterritorial rechazados por el Tribunal Supremo, previo recurso del CERMI Estatal. 

 

Lo cierto es, como he dicho, que el Parlamento español ha sido ajeno, de alguna manera, a esta legislación y ante la situación caótica que crea esta indeterminación la única forma de obligar al Parlamento a pronunciarse y a regular el sistema era hacer una propuesta de ley donde se tratasen las líneas rojas que no se podían superar.

 

En ninguna parte del texto de la ILP se dice que el CERMI solicita un copago, ni que sea partidario de él, sólo se pide poner unas fronteras a los copagos incautatorios que estamos sufriendo y que en la Comunidad Valenciana son enormes. Las fronteras que proponemos dejan al 90 % de las personas con discapacidad fuera del copago, pues somos el núcleo de población con menos recursos del país.  Al poner la barrera de 1.331 € (2,5 veces el IPREM), como listón mínimo para estar exentos, el otro 10 %, si es que no es posible otra cosa, tendría un copago muy moderado y que no haría peligrar su modo de vida autónoma y participar de la sociedad del bienestar. Hay que blindar frente a posibles recortes y crisis, y un largo etcétera, el que nadie pueda dejar a la persona con discapacidad sin los recursos suficientes para una vida digna.

 

Por de pronto esta ILP ya ha hecho su primer efecto y es que los partidos comiencen a pronunciarse sobre esta cuestión, lo cual necesita conocer nuestra población y más en momentos electorales. Cualquier coalición o partido dominante que salga de las próximas elecciones, tendrá que pronunciarse sobre esta propuesta. Pero por supuesto, si un partido o coalición tiene la mayoría suficiente para eximirnos del copago, como no, las personas con discapacidad y sus familias les estarán reconocidas y agradecidas.

 

Nosotros hemos comenzado a recopilar firmas y tenemos que empezar agradeciendo a la sociedad civil la cantidad de voluntarios que nos están surgiendo para buscar firmantes entre sus amigos, parientes, compañeros de trabajo, etc., e invitamos a otros muchos a que también lo hagan. No podemos entender la actitud de algunos grupos que, según dicen, por ser partidarios de los servicios gratuitos son contrarios a la ILP, cuando en realidad la ILP no es más que un instrumento para darles oportunidad a que se pronuncien seriamente, y no sólo para pedir votos, en el Parlamento español con el correspondiente debate hasta ahora inexistentes. Se está negando la posibilidad de profundizar en la democracia y, mientras tanto, están permitiendo los abusos de algunas autonomías que, sin ser competentes para legislar sobre este tema, están imponiendo crueles  copagos a los usuarios, como en nuestra Comunidad en forma de tasas. 

 

Nosotros pensamos que el movimiento, como decían los griegos, se demuestra andado y por eso el CERMI ha tomado una actitud combativa ante estas incautaciones y abusos sobre las personas con discapacidad. Recurrimos en su momento el Decreto 113/2013 de copago en discapacidad, en el cual tuvimos una sentencia magistral en contra del copago. Estamos colaborando con la oposición con el fin de que se recurra ante el Tribunal Constitucional, antes del 30 de marzo, la Ley de Tasas de la Comunidad Valenciana, ya que hay sentencias que nos avalan sobre que la Generalitat no es competente para imponer estas tasas y que, por lo tanto, han cometido una ilegalidad. En los próximos días presentaremos el recurso contra la Orden 34/2014 de copago en dependencia, por la misma razón que la anterior, ya que no es competente para legislar sobre el tema, y ayudaremos en los próximos días a todas las familias que quieran recurrir en tiempo y forma individualmente.

 

No vamos a entrar en juegos demagógicos, estériles, para justificar que se están dando como justificación a la inactividad, pues si son contrarios al copago queremos verlos trabajar con la legislación española. 

 

Por aquello de “rogando y con el mazo dando”, que lo podíamos traducir “por dialogar pero apretar y exigir”, el pasado viernes tuvimos una reunión con abogados  y técnicos que trabajan en nuestras asociaciones, para trazar unas líneas de orientación a las personas con discapacidad y sus familiares con el fin de que recurran, antes de los 30 días desde su recepción, la resolución de la tasa impuesta. Tenemos algunas sentencias en esta Comunidad, de las Sala 4ª del TSJ, que avalan la posibilidad de estos recursos.

 

A partir del lunes comenzaremos a dar instrucciones a nuestras asociaciones para que orienten a los padres y familiares en la posibilidad de recurrir la tasa que se les ha impuesto.

 

Es necesario pues animar a toda la sociedad civil para superar, y si es posible duplicar el número de firmas que acompañen la iniciativa legal. Esto, que afecta a toda la sociedad en general, y no solo a las personas con discapacidad, será una lección que no podrán olvidar muchos políticos cuando entren en los parlamentos tanto autonómicos como nacionales.

 

De ahí nuestra invitación a que incluso los que dicen estar contra la ILP cambien de actitud, se sumen a la recogida de las 500.000 firmas y, una vez se consiga llevar al Parlamento, que empiece el debate. ¿Hay otra fórmula?